El que fuera uno de los mayores escándalos de los últimos años, la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a una empresa cordobesa instaladora de alumbrado, propiedad de los hermanos Magdaleno, sale de nuevo a la superficie gracias a la intervención de la magistrada Patricia Fernández, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla.