Cada vez son más los investigados en macrocausas de la Audiencia Nacional que se oponen frontalmente a que los jueces de instrucción incorporen al sumario las conversaciones supuestamente confidenciales que mantienen con sus letrados pero que acaban siendo grabadas por autorización judicial . El descontento que genera la ausencia de filtro judicial sobre estos 'pinchazos' va en aumento y, en algunos casos, como ocurre en la trama Lezo, ha derivado en una querella por prevaricación contra el magistrado instructor.
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