Los resultados hablan por sí solos: en los años más crudos de la crisis, los consejeros de Caja Cataluña se repartieron entre 20.000 y 80.000 euros en dietas anualmente por la asistencia a reuniones del consejo de administración o comisiones de la entidad. Una tarea en muchos casos derivada de un cargo público también remunerado. Traducción en el primer comentario.
Hoy publicamos en CRÍTIC los datos hasta ahora inéditas de las dietas que repartirse los miembros del consejo de administración de la difunta CatalunyaCaixa en los años más duros de la crisis económica. Difunta, sí: porque de aquella histórica caja fundada por la Diputación de Barcelona con el objetivo de proteger a los pequeños ahorradores ya no queda nada. La nefasta gestión bajo la presidencia de Narcís Serra ha acabado con la histórica entidad vendida a la fiebre del ladrillo, reconvertida en banco y intervenida por el Estado, que ha inyectado 11.000 millones de euros públicos que ya nunca recuperaremos. Actualmente, la histórica caja catalana es propiedad del BBVA, que ha pagado tan sólo 1.000 millones. En cada colada, una sábana.
Pero la quiebra de CatalunyaCaixa no ha sido producto del azar, de una crisis imprevisible o de una simple mala gestión. Los datos que hoy publica CRÍTIC demuestran que con la entidad en una situación muy delicada, sus máximos responsables -el presidente Narcís Serra, designado por la Diputación de Barcelona, y los directores generales Adolf Todó y Jaume Masana- repartieron a importantes emolumentos. En el caso de Serra, habría cobrado 1,2 millones de euros durante los años que pasó al frente de la entidad, a pesar de ostentar, en teoría, un cargo representativo. Todó tenía un sueldo que llegaba a los 800.000 euros anuales, gracias al contrato blindado que reveló en su día en diputado de la CUP David Fernández en una intervención que precipitó la acción de la fiscalía contra los responsables de la entidad. La pregunta relevante, sin embargo, es: ¿cómo podía ser que pasara todo esto en una caja teóricamente con un importante control público?
El porqué de un silencio interesado
La salida a la luz de las dietas que cobraban los miembros del consejo de administración de la entidad -con representación de numerosas administraciones y partidos políticos- permite hacerse una idea aproximada del porqué del silencio de los consejeros que teóricamente fiscaliza la caja. Los miembros de los consejos de administración de Caixa Catalunya eran designados por la corporación fundadora (la Diputación de Barcelona), varios ayuntamientos y consejos comarcales, los impositores de la entidad y por los propios trabajadores. CRÍTIC ha sumergido en las memorias de la entidad -enterrades en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores- para determinar qué cobraron en concepto de dietas aquellos que en teoría debían controlarla. Los resultados hablan por sí solos: en los años más crudos de la crisis, los consejeros de Caixa Catalunya se repartieron entre 20.000 y 80.000 euros en dietas anualmente por la asistencia a reuniones del consejo de administración o comisiones de la entidad. Una tarea en muchos casos derivada de un cargo público también remunerado.
De entre todos los consejeros, el caso más destacable, aparte del de Serra, es el del gerente de Hospitalet de Llobregat, Joan Echániz, que ostentaba el cargo por designación de la Diputación y que cobró 435.000 euros en dietas de 2004 a 2010. el empresario próximo al PSOE Antonio Llardén, ex secretario de Industria con Josep Borrell y hoy presidente de Enagás, cobró 323.000. Era consejero en designación del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. Ex diputados y senadores de CiU e incluso un histórico del PSUC figuran en el listado que publicamos en el reportaje de hoy, en exclusiva para suscriptores de CRÍTIC hasta el viernes. En total, 6,2 millones de euros en dietas durante la década más terrible de la crisis.
Aprobar dietas de 1.600 € 22 días antes de la intervención del FROB
Una curiosidad con un punto obsceno: el año en que se reparten más dietas es 2010, el de la fusión de Caixa Catalunya con las cajas de Tarragona y Manresa. El 5 de julio de 2010, 22 días antes de ser intervenida por el FROB, el consejo de administración de CatalunyaCaixa avalaba que las dietas por asistencia a reuniones subieran hasta los 1.600 euros. CRÍTICO lo ha podido averiguar a partir del examen de parte de la documentación recopilada por la fiscalía. Esta información no aparecía en las memorias públicas de la entidad de 2010 y sólo la hemos podido encontrar en la documentación recopilada por la investigación policial del caso. En un período de seis años las dietas se incrementaron sustancialmente: en tiempos de la presidencia de Antoni Serra Ramoneda, en 2004, oscilaban entre los 800 y los 1.000 euros por reunión. En la misma reunión del 5 de julio que fija las dietas de la entidad, la caja ya fusionada avala también los cuantiosos sueldos de Todó y Masana, hoy bajo la lupa de la fiscalía anticorrupción por presuntas irregularidades en la gestión de la entidad, que podrían ir de la administración desleal a la apropiación indebida. Un despropósito.
No, no ha sido sólo la crisis ni la mala gestión. Ha sido un saqueo -si se quiere, a pequeña escala- de un bien que debería haber sido común. Un saqueo que se ha producido durante unos años de sufrimiento por parte de la ciudadanía y lo que es peor, con las administraciones consintiendo esto y los políticos que lo deberían haber fiscalizado mirando hacia otro lado. En medio de todo ello, una brizna de esperanza: las entidades de banca ética y cooperativa como Coop 57 (23 millones en aportaciones en el global de socios y socias y 100 préstamos en el primer semestre de 2014 a entidades y empresas de la economía social ) y Fiare (48 millones de capital social, 35.000 socios y 7.500 préstamos concedidos a lo largo de diez años) demuestran que otra banca es posible. Con ello, sin embargo, no será suficiente: será imprescindible también un recambio político y cultural en las administraciones que nos permita avanzar hacia la construcción de unas finanzas bajo control público y no al servicio de unos pocos especuladores.
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TRADUCCIÓN:
Hoy publicamos en CRÍTIC los datos hasta ahora inéditas de las dietas que repartirse los miembros del consejo de administración de la difunta CatalunyaCaixa en los años más duros de la crisis económica. Difunta, sí: porque de aquella histórica caja fundada por la Diputación de Barcelona con el objetivo de proteger a los pequeños ahorradores ya no queda nada. La nefasta gestión bajo la presidencia de Narcís Serra ha acabado con la histórica entidad vendida a la fiebre del ladrillo, reconvertida en banco y intervenida por el Estado, que ha inyectado 11.000 millones de euros públicos que ya nunca recuperaremos. Actualmente, la histórica caja catalana es propiedad del BBVA, que ha pagado tan sólo 1.000 millones. En cada colada, una sábana.
Pero la quiebra de CatalunyaCaixa no ha sido producto del azar, de una crisis imprevisible o de una simple mala gestión. Los datos que hoy publica CRÍTIC demuestran que con la entidad en una situación muy delicada, sus máximos responsables -el presidente Narcís Serra, designado por la Diputación de Barcelona, y los directores generales Adolf Todó y Jaume Masana- repartieron a importantes emolumentos. En el caso de Serra, habría cobrado 1,2 millones de euros durante los años que pasó al frente de la entidad, a pesar de ostentar, en teoría, un cargo representativo. Todó tenía un sueldo que llegaba a los 800.000 euros anuales, gracias al contrato blindado que reveló en su día en diputado de la CUP David Fernández en una intervención que precipitó la acción de la fiscalía contra los responsables de la entidad. La pregunta relevante, sin embargo, es: ¿cómo podía ser que pasara todo esto en una caja teóricamente con un importante control público?
El porqué de un silencio interesado
La salida a la luz de las dietas que cobraban los miembros del consejo de administración de la entidad -con representación de numerosas administraciones y partidos políticos- permite hacerse una idea aproximada del porqué del silencio de los consejeros que teóricamente fiscaliza la caja. Los miembros de los consejos de administración de Caixa Catalunya eran designados por la corporación fundadora (la Diputación de Barcelona), varios ayuntamientos y consejos comarcales, los impositores de la entidad y por los propios trabajadores. CRÍTIC ha sumergido en las memorias de la entidad -enterrades en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores- para determinar qué cobraron en concepto de dietas aquellos que en teoría debían controlarla. Los resultados hablan por sí solos: en los años más crudos de la crisis, los consejeros de Caixa Catalunya se repartieron entre 20.000 y 80.000 euros en dietas anualmente por la asistencia a reuniones del consejo de administración o comisiones de la entidad. Una tarea en muchos casos derivada de un cargo público también remunerado.
De entre todos los consejeros, el caso más destacable, aparte del de Serra, es el del gerente de Hospitalet de Llobregat, Joan Echániz, que ostentaba el cargo por designación de la Diputación y que cobró 435.000 euros en dietas de 2004 a 2010. el empresario próximo al PSOE Antonio Llardén, ex secretario de Industria con Josep Borrell y hoy presidente de Enagás, cobró 323.000. Era consejero en designación del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. Ex diputados y senadores de CiU e incluso un histórico del PSUC figuran en el listado que publicamos en el reportaje de hoy, en exclusiva para suscriptores de CRÍTIC hasta el viernes. En total, 6,2 millones de euros en dietas durante la década más terrible de la crisis.
Aprobar dietas de 1.600 € 22 días antes de la intervención del FROB
Una curiosidad con un punto obsceno: el año en que se reparten más dietas es 2010, el de la fusión de Caixa Catalunya con las cajas de Tarragona y Manresa. El 5 de julio de 2010, 22 días antes de ser intervenida por el FROB, el consejo de administración de CatalunyaCaixa avalaba que las dietas por asistencia a reuniones subieran hasta los 1.600 euros. CRÍTICO lo ha podido averiguar a partir del examen de parte de la documentación recopilada por la fiscalía. Esta información no aparecía en las memorias públicas de la entidad de 2010 y sólo la hemos podido encontrar en la documentación recopilada por la investigación policial del caso. En un período de seis años las dietas se incrementaron sustancialmente: en tiempos de la presidencia de Antoni Serra Ramoneda, en 2004, oscilaban entre los 800 y los 1.000 euros por reunión. En la misma reunión del 5 de julio que fija las dietas de la entidad, la caja ya fusionada avala también los cuantiosos sueldos de Todó y Masana, hoy bajo la lupa de la fiscalía anticorrupción por presuntas irregularidades en la gestión de la entidad, que podrían ir de la administración desleal a la apropiación indebida. Un despropósito.
No, no ha sido sólo la crisis ni la mala gestión. Ha sido un saqueo -si se quiere, a pequeña escala- de un bien que debería haber sido común. Un saqueo que se ha producido durante unos años de sufrimiento por parte de la ciudadanía y lo que es peor, con las administraciones consintiendo esto y los políticos que lo deberían haber fiscalizado mirando hacia otro lado. En medio de todo ello, una brizna de esperanza: las entidades de banca ética y cooperativa como Coop 57 (23 millones en aportaciones en el global de socios y socias y 100 préstamos en el primer semestre de 2014 a entidades y empresas de la economía social ) y Fiare (48 millones de capital social, 35.000 socios y 7.500 préstamos concedidos a lo largo de diez años) demuestran que otra banca es posible. Con ello, sin embargo, no será suficiente: será imprescindible también un recambio político y cultural en las administraciones que nos permita avanzar hacia la construcción de unas finanzas bajo control público y no al servicio de unos pocos especuladores.
Narcís Serra ens roba.