Además, desde Comisiones Obreras reclaman a la Administración gallega que cree el registro de profesionales objetores de conciencia previsto en la legislación. Solicitan a la Valedora que exija esta cuestión para que así, la Xunta "aleje sus prejuicios ideológicos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres gallegas".
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