En concreto, Bruselas mantiene dudas sobre si la medida supone un incentivo a la inversión privada y, por tanto, analizará si la decisión de la compañía británica de asentarse en Eslovaquia respondió en exclusiva a la ayuda de Estado o si también influyeron otros factores. Además, estudiará si la planta se habría construido en otro Estado miembro de la Unión Europea o si, como afirma Bratislava, la firma se habría instalado en México de no ser por los 125 millones de euros públicos.