Una democracia tan consolidada como el Reino Unido aprobó una de las leyes de vigilancia “más extremas de la historia”. Australia debate estos días una nueva legislación que promueve el uso de reconocimiento facial y biométrico y la obligación legal de que los gigantes de Silicon Valley proporcionen a las fuerzas de seguridad acceso a las comunicaciones y aparatos de sus usuarios, de un modo no muy diferente a las exigencias de China.
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