China ha aprobado una ley antiterrorista que obliga a toda empresa que actúe en el país a facilitar al gobierno claves de cifrado y contraseñas de usuarios sospechosos, lo que de facto pone fuera de la ley a compañías como Apple y algunas otras que no pueden hacerlo porque, en función de las características de su operativa y de su compromiso con los usuarios, sencillamente no poseen esas claves.