Las divergencias sustanciales,no resueltas en el marco constitucional del 78 se sitúan en dos planos culturales: por un lado,el plano de la cultura progresista,que entiende la dignidad humana y el bien común,incluyendo los derechos nacionales internos,como valores constituyentes del Estado y las políticas públicas y,por otro,el plano conservador,tanto en versión integrista como liberal, que atribuye al Estado la función contra-constituyente de protector jurídico-político del mercado, es decir,de los oligopolios que lo dominan y gestionan..
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"Dicha usurpación democrática por reconstrucción del Estado:
1. Fue sancionada, “sin complejos”, en la etapa de gobierno del Partido Popular, con José María Aznar al frente, donde la cofradía financiera gozó de carta blanca para forrarse a costa de sobreendeudar con créditos hipotecarios a la población, dando lugar a la “burbuja inmobiliaria” cuyo desplome en 2008, durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, generó la recesión económica.
2. Se hizo visible en los planes de austeridad implementados en Mayo de 2011 por el Gobierno presidido por Zapatero, en su segunda legislatura, y en la modificación en Agosto del mismo año, por la puerta de atrás, del artículo 135 de la Constitución española, fruto del acuerdo Zapatero/Rajoy, que concedió prioridad al pago de la deuda pública, objeto de especulación en los mercados financieros privados, sobre la financiación de las necesidades sociales.
3. Se evidenció de manera descarnada en el programa, descaradamente antisocial y recentralizador, impuesto, siguiendo el guión de la etapa de gobierno de Jose María Aznar, por el Gobierno del Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy, que, en el terreno económico, utilizó el pretexto de la crisis para reforzar las rentas y los privilegios del gran capital castigando a la ciudadanía, ya de por sí damnificada por la crisis, con privatizaciones, recortes sociales y precarización de las condiciones de vida y trabajo, y, en el ámbito territorial, convirtió el Tribunal Constitucional y una parte sustancial del poder judicial en una prolongación del poder ejecutivo, con el objetivo de descabezar el procés catalán y neutralizar en el resto del Estado toda veleidad soberanista.
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Frente a este conjunto de impulsos constituyentes, la reacción contra-constituyente del establishment se ha materializado en cuatro “frentes”, político, judicial, mediático y policial:
1.En el frente político, mediante el “empujón”, a golpe de talonario, de Ciudadanos, a fin de neutralizar, el inicial éxito popular de Podemos y sus respectivas confluencias y el procès soberanista catalán; con el lanzamiento mediático de Vox, políticamente rentable en la medida en el espantajo del fascismo puede provocar la resurrección del “voto útil”, que tan buen resultado dio tras el pronunciamiento militar del 23F; y con la resultante conformación del consenso reaccionario en torno al “trifachito”, Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
2. En el frente judicial, por medio del uso político de las prerrogativas judiciales para perseguir la “disidencia” enfrentada al peso muerto de los privilegios adquiridos en el estado actual de los derechos individuales y colectivos.
3. En el frente mediático, con el recurso cavernario al bombardeo ideológico de la población, a base de tergiversaciones, manipulaciones y falsedades, con el fin de cercenar toda opción política de cambio progresista real desacreditando a sus dirigentes, todo ello en contra del derecho ciudadano a la información veraz, el necesario complemento enriquecedor de la libertad de prensa
4. En el frente policial, recurriendo, de manera abiertamente ilegal, por encima de los propios principios constitucionales, a la mafia policial de las cloacas del Estado, para hundir a los adversarios políticos.
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De esta pugna se derivan dos modos de entender el consenso político:
el constituyente, articulado en torno al Bien Común, que por sí mismo contiene el desarrollo de una democracia avanzada, avalada en la propia Constitución española,
y el contra-constituyente, políticamente agotado, donde la democracia se invoca en teoría, con argumentos como el “imperio de la ley” (la ley del fuerte) o la unidad de España (el Estado unitario) y se mancilla en la práctica. Es el trasfondo de una crisis de representatividad política que, a día de hoy, continúa sin ser resuelta y que aboca a una sucesión de convocatorias electorales que deje sin solución esta cuestión de fondo.
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