Hace 7 años | Por bonobo a publico.es
Publicado hace 7 años por bonobo a publico.es

La Comunidad de Madrid paga la defensa jurídica de tres exdirectivos del Canal de Isabel II investigados por la Audiencia Nacional en el caso Lezo y que se han acogido al seguro de defensa jurídica suscrito por la empresa pública para sus altos cargos. Los exdirectivos cuyas minutas de abogados son costeadas con dinero público son María Fernanda Richmond, en prisión eludible bajo fianza de 4 millones de euros y directora financiera del Canal; Adrián Martín López de las Huertas, ex director general de la sociedad pública

Comentarios

skaworld

Me gusta que el dinero de mis impuestos se invierta en las cosas importantes.

U

#1 No vas a pedir que lo pague Cifuentes de su bolso

tul

#3 que lo pague de sus sobres entonces

camvalf

#1 pues haz como yo, abre una cuenta en Panamá..

skaworld

#4 Yo soy un español de bien y jamás permitiría que mi dinero abandonase la península.

Tengo Andorra pa eso

camvalf

#5 entonces te presento a un par de jueces y tomamos unas cervecitas mientras tratais un temilla. Por cierto espero que tengas el carnet de la familia.....

baraja

Si lo paga el seguro de defensa jurídica no lo está pagando la Comunidad de Madrid.

Errónea - sensacionalista

"El seguro no cubre el depósito de fianzas penales y si resultasen declarados culpables en sentencia firme tendrían que abonar los gastos ocasionados a la empresa aseguradora"

porcorosso

#8 Errónea - sensacionalista
¿Estás seguro?
Fuentes de dicha empresa pública sostienen que este tipo de pólizas son muy habituales en las empresas "para proteger a sus directivos y administradores por actos que tengan lugar en el ejercicio de sus cargos".

jamma

Les robo y luego uso recursos pagados por los infelices para que me defiendan unos abogados de puta madre. Bravo....

D

Estoy hasta los cojones de mantener ladrones hijos de puta. Sale mas barato una barca hinchable en alta mar.

p

Si la Comunidad de Madrid no hace nada para evitar que cosas como está ocurran es que aprueban que la defensa de los posibles corruptos corran a cargo de dinero público.