Entre las conclusiones aprobadas se encuentra la prohibición a la industria de pagar formación médica. En su punto 47.2, el dictamen insta a tomar “medidas para financiación pública de formación continuada de los profesionales sanitarios a cargo de las administraciones públicas, y para investigación independiente, divulgación/educación sanitaria y patrocinio de actividades de asociaciones de pacientes. Se prohibirá financiación de estas actividades, directa o indirectamente, por la industria”.
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