Las empresas españolas que se adjudicaron en 2011 el AVE Meca-Medina pactaron un año antes con uno de los miembros más destacados de la casa real saudí pagarle 120 millones de euros por supuestos servicios de consultoría. El contrato forma parte de las diligencias que mantenía abiertas la Fiscalía Anticorrupción sobre el proyecto desde el verano de 2018 y que acaban de ser asumidas por la Fiscalía del Tribunal Supremo por la alta probabilidad de que el caso termine afectando al rey Juan Carlos I
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