Ucrania ha buscado una vía indirecta basada en un tratado del que ambos países son parte: la Convención contra el Genocidio, cuyo artículo noveno establece que "las controversias (...) relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio (...) serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia a petición de una de las partes". Los presuntos perpetradores piden a la Corte que "estudie y declare si actos de genocidio han sido cometidos en las provincias de Luhansk y Donetsk".
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En tanto resuelve sobre el fondo, la Corte dicta una orden de medidas provisionales para paralizar la agresión iniciada bajo el pretexto del genocidio. Desde un punto de vista formal esta orden es vinculante. Por supuesto que Rusia no va a respetarla, hasta ahí llegamos todos, pero este incumplimiento tiene consecuencias. Aísla más a Rusia. Restringe hasta lo infinitesimal la credibilidad de su pretensión de que la agresión tenía remotamente una justificación legal. Demuestra cuál es la parte en el conflicto que no quiere que se investiguen los crímenes internacionales en la zona. Y aclara formalmente que Rusia está incumpliendo el derecho internacional desde el momento en que incumple ese mandato. El hecho de que solo hubiera dos jueces discrepantes y que sus nacionalidades sean rusa y china hace todo más incontestable.