El polémico proyecto de ley otorga el control de la Oficina Nacional Anticorrupción (Nabu) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (Sap) al fiscal general, quien es designado por el presidente. Zelensky argumentó que era necesario tomar medidas ya que Nabu y Sap estaban permitiendo que los procedimientos penales se estancaran durante años e insistió en que debían ser "limpiados de la influencia rusa".
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