Las víctimas avisan del riesgo de no aprobar la norma antes de que las elecciones puedan cambiar la aritmética parlamentaria: "La última oportunidad que tenemos es de febrero a junio". Los colectivos resaltan como puntos de fricción la tutela judicial que contempla el texto normativo o la calificación del robo de bebés como crimen de lesa humanidad.
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¿Cuantos casos reales se han sentenciado?