La investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular en las campañas electorales pagadas con dinero B tienen como eje común los acuerdos publicitarios que el empresario argentino, imputado por la financiación ilegal del PP, alcanzó con diferentes constructoras y hospitales madrileños. Las indagaciones de la UCO sobre sus empresas desde el año 2006 subrayan que en 2007, coincidiendo con las elecciones en la Comunidad de Madrid, hay vínculos de estas entidades con varias constructoras, por importes de 4.000 a 70.000 euros.
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