España, Estados Unidos y Alemania son las únicas democracias que utilizan leyes contra el crimen organizado para reprimir el activismo climático. En España, el caso más destacado de esta tendencia ha sido el de Futuro Vegetal, un colectivo ecologista que ha sido objeto de una intensa persecución policial y judicial en los últimos meses. Los miembros de este grupo han sido acusados de delitos graves, como asociación ilícita, por sus acciones de protesta contra la inacción gubernamental frente a la crisis climática.
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