Denunciantes de corrupción piden que la nueva Oficina pueda imponer más sanciones. Precisamente entre los comparecientes que este lunes desfilaron por el Parlamento está la asociación Alianza contra la corrupción, integrada por denunciantes de casos de fraude, como Roberto Macías que destapó el caso UGT-A. Este colectivo solicitó que la nueva Oficina Anticorrupción andaluza «amplíe la potestad sancionadora» y pueda perseguir «todo tipo de ilegalidades», incluidos aquellos fraudes que ahora se califican como «irregularidades administrativas».
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