Una de las razones que han servido al Partido Popular para justificar la derogación de la la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común y su sustitución por la Ley 39/2015, y la Ley 40/2015 ha sido la Administración electrónica. ¿Era necesario? ¿Es suficiente?