El gobernador de Florida avanza en su cruzada antiinmigrante con una medida que los expertos consideran inconstitucional. Los proyectos de ley HB 3C y SB 4-C darían luz verde a que los tribunales apliquen la pena máxima a inmigrantes indocumentados condenados por asesinato en primer grado, violación de menores de edad, así como el tráfico de sustancias controladas, que constituyen delitos capitales en el Estado de Florida. También extiende la pena capital a los inmigrantes ilegales que sean miembros de bandas delictivas.
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