La sentencia de las 'tarjetas black' no sólo impone penas de prisión a los acusados, sino que también les obliga a devolver el dinero gastado, que asciende a 12 millones. Esta cantidad, aunque ínfima comparada con los 22.424 millones de dinero público con que se rescató a la entidad, podría haber ido a parar al FROB, el fondo público a través del que se vehiculan las ayudas estatales. En cambio, el tribunal ha dictaminado que sea Bankia la que reciba el dinero.
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