Las citadas organizaciones argumentan que la Directiva concede una excesiva protección a las empresas, que podrían demandar a cualquier persona que “ilegalmente adquiera, utilice o divulgue” sus secretos. En cambio dejan indefensos a los consumidores, periodistas, denunciantes, investigadores y trabajadores que deben tener un acceso fiable a los datos importantes que son de interés público. “Salvo que se modifique radicalmente por el Consejo y el Parlamento Europeo, la directiva propuesta podría poner en peligro la libertad de expresión y...