Con el "caso Soria" ha aflorado una anomalía de nuestra Administración Pública que tiene un carácter estructural: el grado de monopolio de los Técnicos Comerciales del Estado. Este cuerpo ejerce desde siempre un doble monopolio: 1. El monopolio de la representación comercial exterior de España, incluyendo los organismos financieros multilaterales (FMI, Banco Mundial, BID, BERD, etc.) y 2. El monopolio en la decisión sobre sus propios destinos.
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