Los legisladores europeos, y tras ellos los españoles, han puesto sobre la mesa un Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) complejo y exigente, que entró en vigor en mayo de 2018. Desde ese momento, la figura que debe dar cumplimiento al nuevo reglamento, el Delegado de Protección de Datos (DPO, en sus siglas en inglés) es vital.