España tiene un problema. Bueno, a ver, tiene muchos, pero hoy me quiero centrar en uno: la excesiva duración de las causas judiciales. Los procesos se alargan y se alargan y se alargan y se alargan hasta el infinito. Si nos referimos solo a los procedimientos penales (es decir, a los que enjuician delitos), el principal cuello de botella es la instrucción, que es el nombre técnico para llamar a la investigación. Es aquí donde las cosas se atascan, porque los Juzgados de Instrucción están colapsados: cada juez tiene que investigar decenas
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Cuando una ley entra en tramitación, se abre un plazo de siete días para que se presenten enmiendas, plazo que puede prorrogarse las veces que haga falta si la Mesa lo aprueba. El plazo inicial terminó el 6 de junio de 2017 y desde entonces los cinco diputados de PP y Ciudadanos que conforman la Mesa lo han prorrogado sesenta veces.
Esto es absolutamente abyecto. Es de una vileza obscena y de una miseria moral sin parangón.