Empresarios y empresas españolas intentan a diario que los medios de comunicación eliminen de sus hemerotecas referencias a sus problemas pasados con la Justicia o noticias negativas que manchan su reputación. Van desde ejecutivos de rango medio que se vieron implicados en casos de fraude fiscal a empresas que quieren borrar el rastro de adjudicaciones polémicas. Contratan a despachos de abogados o a compañías especializadas en el borrado de datos en Internet. Estas envían a los medios correos certificados con argumentaciones legales