El Ayuntamiento de Zaragoza no puede impedir que “empresas sancionadas por realizar actividades ilegales vinculadas a paraísos fiscales” se hagan con contratos municipales, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha suspendido cautelarmente la inclusión de esas cláusula social en las licitaciones. El Gobierno de Castilla-La Mancha podría restringir el acceso a sus concursos a sociedades que tributen en países off-shore, aunque la legalidad de esa decisión está pendiente de que se pronuncie el Tribunal Superior de su comunidad.
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