Un error en la ley de protección de la infancia aprobada en 2021, la conocida como ley Rhodes, deja en el aire cuándo empieza a contar el plazo de prescripción para los delitos "contra la libertad" de los menores. El articulado final abre la puerta a que los jueces interpreten la norma de la forma más beneficiosa para el acusado. Es decir, a que interpreten que el plazo de prescripción empieza a correr cuando la víctima tiene 18 años, no 35.
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