El Gobierno español ha movilizado más de 350.000 millones de euros en ocho años para mantener a flote un sistema bancario que obtiene unos beneficios anuales de más de 11.000 mientras acumula demandas y reclamaciones de sus clientes por valor de más de 50.000 en asuntos como –entre otros- las preferentes, la subordinadas, las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios. Las inyecciones a los bancos y cajas, la creación del Frob y el Sareb y la emisión de avales para todos ellos desde 2008 equivale a un tercio del PIB anual del país.
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