Los tribunales castigan con prisión la apropiación de archivos informáticos si se utilizan como prueba en los procesos de divorcio. Si estas prácticas se quedan en un mero fisgoneo sólo son reprobables desde un punto de vista ético o moral. Pero si la información obtenida se difunde o se utiliza con el fin de obtener algún beneficio o hacer daño a la otra persona, estamos ante un delito.
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