Los contratos de alta dirección de la empresa pública Divalterra (antigua Imelsa) investigados en el caso Alquería (por el que fueron detenidos inicialmente e imputados media docena de políticos y cargos de la corporación provincial) no estaban claros desde el principio para el expresidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, y para los propios responsables de la empresa pública del PSPV y de Compromís,