El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha anunciado en un comunicado que “los expedientes han terminado sin la imposición de sanción pecuniaria mediante un acuerdo de terminación convencional” porque “las compañías han asumido su responsabilidad y han suscrito una serie de compromisos de no reiteración”. En resumen, tras más de tres años saltándose la ley, la administración competente las exime de pagar multa alguna porque se han comprometido a no seguir incumpliéndola.
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