La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, encargada de investigar los casos de corrupción que afectan al poder político, lleva al menos 20 años en manos de la derecha judicial. El Partido Popular aprovechó los dos mandatos de José María Aznar en el Gobierno para imponer desde el Consejo General del Poder Judicial una mayoría de magistrados de tendencia conservadora en esa Sala Segunda del Tribunal Supremo. Cinco de esos magistrados propuestos en su día por vocales elegidos por el PP firmarán la sentencia que condena al fiscal general del Estado
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