Frente a las acusaciones de “violencia institucional” vertidas por asociaciones como Son Nuestros Hijos, el Gobierno español mantiene su negativa a registrar automáticamente a menores nacidos por gestación subrogada en el extranjero. Más allá de la retórica emocional, el fondo del debate exige una reflexión profunda: ni la infancia ni el cuerpo de las mujeres pueden estar al servicio de un mercado impulsado por el deseo individual de tener hijos.
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