Es ahora, con el gasto público disparado, cuando el Estado debe asumir el coste extra de gestionar y conservar en condiciones 1.096 kilómetros más de carreteras, las autopistas que se liberan de peajes y vuelven a la gestión pública. Eso supone dejar de recibir los ingresos que vía impuestos pagaban las empresas concesionarias, pero sobre todo asumir el coste de su mantenimiento.Los presupuestos del Estado del 2021 cuentan con una partida de 1.240 millones de euros para la conservación de los 26.466 km de carreteras de propiedad pública.
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