El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, es partidario de que, con carácter general, los políticos imputados dejen sus cargos cuando se abra juicio oral contra ellos, si bien apunta que, en algunos casos, esa dimisión debería producirse antes en función de la trascendencia pública del afectado y de si se le impone alguna medida cautelar.
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