El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ve indicios de un posible delito de prevaricación administrativa, además de responsabilidad contable, por las irregularidades detectadas en los contratos para construcción del puente sobre la bahía de Cádiz, una de las principales obras de ingeniería civil realizadas en los últimos años en España y que implicó para el Ministerio de Fomento una inversión de 490 millones de euros.
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