Según la Fiscalía del Supremo, la ahora candidata al Congreso por Cádiz, “utilizó su posición de poder” en el Ayuntamiento “para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad perjudicando a los intereses generales” al adjudicar tres contratos a la trama, “eliminando la libre competencia en un injustificado ejercicio de abuso de poder”.