"Siempre nos dijeron que era una fundación sin ánimo de lucro, y ahora resulta que nos suben el alquiler un 20%", exclama la Rosa, vecina de un bloque de pisos del barrio de la Barceloneta de Barcelona que alza la voz contra las intenciones "abusivas" de los gestores del edificio, la Fundación Privada Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. TRADUCCIÓN: #1
El inmueble, ubicado en la calle Andrea Doria 27-31, se construyó a inicios de la actual década y los contratos de arrendamiento entraron en vigor en enero de 2013. Gente con bajo poder adquisitivo -del barrio de toda la vida - se interesaron. "Vine aquí por mi suegra, con Alzheimer y necesidad de ascensor. Yo antes pagaba 426 euros, ahora pago 823 y por teléfono me han dicho que me lo subirán a 990 euros ", se queja la Susana, una de las vecinas que nos recibe en el patio de luces interior de la finca, un espacio que -a pesar de sencillez arquitectónica nos recuerda las tradicionales corralas.
Una carta con el sello de la Fundación hizo saltar las alarmas. La misiva advierte las arrendatarias que en enero de 2018 quedará extinguido el contrato de cinco años y que, si lo desean, deberán negociar la renovación. Toni, otro de los afectados, nos muestra el contrato que firmó el año 2013, y se puede comprobar como en el punto 2 se otorga "el derecho del arrendatario a la prórroga", y en un apartado posterior se dice que "la renta total que en cada momento satisfaga el arrendatario, durante la vigencia del contrato o de sus prórrogas, se acomodará cada año a la variación porcentual experimentada por el Índice General Nacional del Sistema de Índice de Precios de Consumo ". Es precisamente de eso que se quejan: el contrato se habla de prórroga e incremento según IPC, pero la fundación obliga al vecindario a extinguir el contrato y renovarlo con un incremento de gasto por encima del 20%.
"El señor de la Fundación siempre me dijo que el alquiler se incrementaría en función del IPC. Para mí, esto era imprescindible. Vivo con una pensión que no me alcanza para cubrir los gastos y puse como avalador mi padre ", nos detalla Toni, que tiene reconocido un" grado de discapacidad "y necesita para su movilidad el acceso con ascensor, puerta y pasillos anchos. Y añade su opinión de lo que está pasando: "se han dado cuenta de que tienen un caramelo, estamos en la Barceloneta, en el corazón de una de las ciudades más cools de Europa, los nuevos vecinos son extranjeros con sueldo de Londres, pero que trabajan en un barrio con sol y playa. Pueden pagar mucho más que nosotros y la Fundación aquí ha visto un filón de negocio ".
Las vecinas movilizadas temen que si se confirman las nuevas condiciones de arrendamiento se verán obligadas a abandonar el barrio. A pesar de que la Directa ha puesto en contacto -por teléfono y por correo electrónico- con la Fundación, no se ha recibido ninguna respuesta en el momento de publicar el artículo.
La Fundación y el 'apoyo' a personas sin hogar
El hecho de que el inmueble sea titularidad de una Fundación "sin ánimo de lucro", que ha conformado su patrimonio a partir de donaciones de particulares, pone aún más elementos de controversia sobre la mesa. Según consta en el apartado "Gestión del patrimonio" del Informe de Actividades 2015 de la Fundación Privada Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, actualmente ostenta 1.089 propiedades provenientes de herencias, donaciones y legados. En Barcelona, 638; 369 en Reus y 43 en Santa Coloma de Gramenet, los tres municipios con más patrimonio. En el documento señalan que "los recursos obtenidos de la gestión del patrimonio se destinan a emprender nuevos proyectos de investigación, a la asistencia sanitaria ya programas de acción social" y detallan que la rentabilidad de su parque inmobiliario se ha incrementado del 2,93% al 4% en los últimos seis años. En 2015 ingresaron 6,75 millones de euros en esta partida.
Es interesante ver como entre los objetivos del "Programa de Acción Social y apoyo a la Investigación" de la Fundación figuran "apoyo a las personas sin hogar", "ayuda para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética "y" ayuda a inquilinos con riesgo de exclusión social ".
Las fincas donde se encuentra el edificio de la calle Andrea Doria pertenecían a mediados del siglo XIX a la familia Denis Janer, de origen francés. Según detalla el urbanista Merced Tatjer al libro Burguess, inquilinos y rentistas, el último titular de la parcela (cuando estaba registrada en la denominación antigua de la calle del Cementerio) fue José Denis Janer, piloto y fabricante de instrumental para barcos. La última inscripción del Registro Mercantil de Barcelona señala que la finca fue adquirida en 2013 por el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo por "adjudicación en virtud de mandamiento administrativo, autorizada por el Ayuntamiento de Barcelona", sin concretar si había ningún particular involucrado en la transferencia anterior al Consistorio.
Si no lo hacen con ánimo lucrativo, deberá tratarse de una cuestión de fe. De hecho, salvo honrosas excepciones, en un sistema capitalista, el ánimo de lucro es la grasa que mantiene en movimiento todo el engranaje. El ciudadano ha sido degradado a la condición de consumidor llegando a ser cosificado como un producto más del carrito de la compra.
Una "fundación" no es de por sí una institución de caridad, muchas veces es el logotipo engañoso de un negocio; y el Hospital de Sant Pau era antiguamente una institución de caridad, ahora es simplemente un negocio. Hace varios años, unos conocidos, ya ancianos, vivian alquilados en una pequeña casa de Sant Andreu que la propetaria donó al Hospital cuando falleció. El Hospital vendió la casa a un fondo buitre, quien los desalojó alegando que no cumplía la normativa de habitabilidad. Derribaron la casa, la construyeron nueva y vendieron por una fortuna. De los ancianos ya no tenemos que preocuparnos. Hablamos, eso sí, de fundaciones sin ánimo de lucro.
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TRADUCCIÓN: #1
El inmueble, ubicado en la calle Andrea Doria 27-31, se construyó a inicios de la actual década y los contratos de arrendamiento entraron en vigor en enero de 2013. Gente con bajo poder adquisitivo -del barrio de toda la vida - se interesaron. "Vine aquí por mi suegra, con Alzheimer y necesidad de ascensor. Yo antes pagaba 426 euros, ahora pago 823 y por teléfono me han dicho que me lo subirán a 990 euros ", se queja la Susana, una de las vecinas que nos recibe en el patio de luces interior de la finca, un espacio que -a pesar de sencillez arquitectónica nos recuerda las tradicionales corralas.
Una carta con el sello de la Fundación hizo saltar las alarmas. La misiva advierte las arrendatarias que en enero de 2018 quedará extinguido el contrato de cinco años y que, si lo desean, deberán negociar la renovación. Toni, otro de los afectados, nos muestra el contrato que firmó el año 2013, y se puede comprobar como en el punto 2 se otorga "el derecho del arrendatario a la prórroga", y en un apartado posterior se dice que "la renta total que en cada momento satisfaga el arrendatario, durante la vigencia del contrato o de sus prórrogas, se acomodará cada año a la variación porcentual experimentada por el Índice General Nacional del Sistema de Índice de Precios de Consumo ". Es precisamente de eso que se quejan: el contrato se habla de prórroga e incremento según IPC, pero la fundación obliga al vecindario a extinguir el contrato y renovarlo con un incremento de gasto por encima del 20%.
"El señor de la Fundación siempre me dijo que el alquiler se incrementaría en función del IPC. Para mí, esto era imprescindible. Vivo con una pensión que no me alcanza para cubrir los gastos y puse como avalador mi padre ", nos detalla Toni, que tiene reconocido un" grado de discapacidad "y necesita para su movilidad el acceso con ascensor, puerta y pasillos anchos. Y añade su opinión de lo que está pasando: "se han dado cuenta de que tienen un caramelo, estamos en la Barceloneta, en el corazón de una de las ciudades más cools de Europa, los nuevos vecinos son extranjeros con sueldo de Londres, pero que trabajan en un barrio con sol y playa. Pueden pagar mucho más que nosotros y la Fundación aquí ha visto un filón de negocio ".
Las vecinas movilizadas temen que si se confirman las nuevas condiciones de arrendamiento se verán obligadas a abandonar el barrio. A pesar de que la Directa ha puesto en contacto -por teléfono y por correo electrónico- con la Fundación, no se ha recibido ninguna respuesta en el momento de publicar el artículo.
La Fundación y el 'apoyo' a personas sin hogar
El hecho de que el inmueble sea titularidad de una Fundación "sin ánimo de lucro", que ha conformado su patrimonio a partir de donaciones de particulares, pone aún más elementos de controversia sobre la mesa. Según consta en el apartado "Gestión del patrimonio" del Informe de Actividades 2015 de la Fundación Privada Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, actualmente ostenta 1.089 propiedades provenientes de herencias, donaciones y legados. En Barcelona, 638; 369 en Reus y 43 en Santa Coloma de Gramenet, los tres municipios con más patrimonio. En el documento señalan que "los recursos obtenidos de la gestión del patrimonio se destinan a emprender nuevos proyectos de investigación, a la asistencia sanitaria ya programas de acción social" y detallan que la rentabilidad de su parque inmobiliario se ha incrementado del 2,93% al 4% en los últimos seis años. En 2015 ingresaron 6,75 millones de euros en esta partida.
Es interesante ver como entre los objetivos del "Programa de Acción Social y apoyo a la Investigación" de la Fundación figuran "apoyo a las personas sin hogar", "ayuda para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética "y" ayuda a inquilinos con riesgo de exclusión social ".
Las fincas donde se encuentra el edificio de la calle Andrea Doria pertenecían a mediados del siglo XIX a la familia Denis Janer, de origen francés. Según detalla el urbanista Merced Tatjer al libro Burguess, inquilinos y rentistas, el último titular de la parcela (cuando estaba registrada en la denominación antigua de la calle del Cementerio) fue José Denis Janer, piloto y fabricante de instrumental para barcos. La última inscripción del Registro Mercantil de Barcelona señala que la finca fue adquirida en 2013 por el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo por "adjudicación en virtud de mandamiento administrativo, autorizada por el Ayuntamiento de Barcelona", sin concretar si había ningún particular involucrado en la transferencia anterior al Consistorio.
Si no lo hacen con ánimo lucrativo, deberá tratarse de una cuestión de fe.
De hecho, salvo honrosas excepciones, en un sistema capitalista, el ánimo de lucro es la grasa que mantiene en movimiento todo el engranaje. El ciudadano ha sido degradado a la condición de consumidor llegando a ser cosificado como un producto más del carrito de la compra.
Una "fundación" no es de por sí una institución de caridad, muchas veces es el logotipo engañoso de un negocio; y el Hospital de Sant Pau era antiguamente una institución de caridad, ahora es simplemente un negocio. Hace varios años, unos conocidos, ya ancianos, vivian alquilados en una pequeña casa de Sant Andreu que la propetaria donó al Hospital cuando falleció. El Hospital vendió la casa a un fondo buitre, quien los desalojó alegando que no cumplía la normativa de habitabilidad. Derribaron la casa, la construyeron nueva y vendieron por una fortuna. De los ancianos ya no tenemos que preocuparnos. Hablamos, eso sí, de fundaciones sin ánimo de lucro.
"Fundación sin ánimo de lucro dedicada a la consecución de beneficios económicos"