La ley está hecha, las infracciones descritas, los policías instruidos y las multas interpuestas. Pero faltan manos para tal volumen de denuncias. Es la encrucijada en la que se encuentra la Conselleria de Justicia después de legislar las restricciones para prevenir contagios de coronavirus y el régimen sancionador de desobediencias. Según datos del departamento autonómico, hay 70.000 denuncias pendientes de tramitar, sólo se han iniciado 3.000 expedientes sancionadores, han finalizado 491 y se han cobrado 454.
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