La respuesta del Gobierno le llegó a finales de septiembre, y en ella se explica que no les compete a ellos, sino al poder judicial la extinción de una fundación cuando concurran las causas pertinentes. El Gobierno manifiesta que mientras una fundación sea legal, esas 847 personas están en su derecho de acogerse a las ventajas y beneficios que el ordenamiento les otorga.
Comentarios
Y lo dice sin reírse?
El gobierno dice lo obvio
Pero si los jueces son franquistas, que desgraciados y nos lo dicen a la cara.
Los mismos jueces que están vendidos a la banca, cubiertos de sobres.
Eso es cierto, aunque ellos pueden hacer algo con la legalidad a la que se agarra.
Sopresón!!!!! Y por cierto, ¿lo de darle dinerito de todos en ayudas y demás como va?
El poder judicial que antaño estaba al servicio del estado??