Entre las novedades de la ley figura que cualquier empresa que pretenda deslocalizar sus instalaciones industriales en el país deberá preavisar al Gobierno con nueve meses de antelación, momento en el que el Ejecutivo convocaría una mesa de industria con sindicatos y la comunidad autónoma afectada para estudiar alternativas a esta salida. Y en el supuesto de que estas empresas hubieran recibido subvenciones para la implantación de su actividad, deberán devolverlas.
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