El Gobierno heredó la posición maximalista sostenida por García Tejerina (antigua alta directiva del mayor productor de fertilizantes español, Fertiberia): un límite legal de 75 mg de cadmio por cada kilo de producto. Con esos niveles, España compuso un grupo de bloqueo que impedía el acuerdo al que estaban adscritos, además, Portugal, Reino Unido, Polonia, Rumanía y Bulgaria.