La publicación de los datos de patrimonio está contemplada en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, pero, pese a su entrada en vigor el 10 de diciembre pasado, no se ha hecho pública ninguna relación de bienes. Ese retraso ha motivado una pregunta parlamentaria de la diputada socialista Meritxell Batet y una ofensiva de la izquierda para asegurar la ‘transparencia’ en el Gobierno de Rajoy.
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