El Gobierno ha asegurado que, aunque la Constitución admite que, conforme a las leyes, mediante la correspondiente indemnización y siempre que existan causas justificadas de utilidad pública, se podría expropiar la antigua Mezquita y Catedral de Córdoba, existen "numerosas razones" que "impiden" hacerlo, entre ellas, la "falta de recursos" y la actual situación de crisis económica.
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