El Gobierno prepara a toda prisa los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas para conseguir los 7.000 millones de euros en dos años. Estos gravámenes tienen que estar aprobados antes de que acabe el año para que no haya problema jurídicos con la retroactividad y solo se dirigirán a un reducido números de compañías: aquellas que facturen más de 1.000 millones de euros.
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