Para el Gobierno vasco, "el mantenimiento en prisión" del exportavoz de Batasuna --que está encarcelado desde octubre de 2009-- y del resto de condenados por esta causa, "es un hecho que debe corregirse". "Es incongruente que permanezcan en prisión personas con responsabilidades políticas públicas condenadas por desarrollar actividades políticas antes ilegalizadas, y ahora plenamente legales y consolidadas", asevera.
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