Más de 300.000 hogares en España afrontan estos meses la revisión de sus contratos de alquiler. La cifra la conforman aquellos inquilinos que firmaron durante el inicio de la recuperación pospandémica, cuando el mercado de la vivienda se reactivó con fuerza tras el parón sanitario. Cinco años después, la ley establece que los acuerdos pueden actualizarse en el caso de las viviendas de personas físicas, que son mayoría. El panorama ha cambiado mucho desde entonces. La demanda de casas se ha disparado y, en consecuencia, también los precios.
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