El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha constatado que las autoridades españolas deben intensificar sus esfuerzos para aplicar las reformas previstas encaminadas a reforzar los mecanismos anticorrupción en relación con los altos cargos ejecutivos del Gobierno central y las fuerzas de seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil).
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