Enviar disolventes industriales a Libia o motores de vehículos a Irak o Ghana, países en los que el tratamiento de los residuos peligrosos por falta de medidas ambientales o mano de obra barata genera más beneficios, es un negocio ilegal que mueve anualmente hasta 17.000 millones de euros. Once detenidos de la organización, de la que formaban parte varias empresas ubicadas en las provincias de Álava, Vizcaya, Salamanca, Valencia y Madrid.