Hace 10 años | Por albertiño12 a europapress.es
Publicado hace 10 años por albertiño12 a europapress.es

La Guardia Civil ha informado de que un vecino de la localidad turolense de Ariño ha sido imputado como presunto autor de un delito de enaltecimiento e incitación a la comisión de un hecho grave, debido a las amenazas que ha recibido la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, en una cuenta de Facebook.

Comentarios

Ferran

Los poĺíticos de España van a supervisar las redes sociales. ¡Tranquilos! Escribid en inglés que no se enterarán de nada

Shotokax

#1 o mejor, escribidlas en un papel y escondedlo en lugar de hacer la amenaza por Internet.

D

Y en esto se gasta nuestro dinero. La gente ya no se puede ni cabrear. Tapando la última válvula de escape de la mala leche. Como siempre, muy mala idea.

D

Espero que no empiecen a abrir también las cartas a los reyes magos...

D

Vais a morir! TODOS! TODOOOOOS! SIIIIIIIIIIIII! tu que estás leyendo esto TAMBIEN!!

D

Creo que han hecho una concentración en su apoyo todos los de su pueblo en Andorra. A este paso los del PP van a hacer que toda España sea San Sebastián para poder aplicar la Ley de Partidos.

Kookaburra

Los comentarios reivindicaban un hecho delictivo con clara finalidad intimidatoria hacia la presidenta de Aragón, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Teruel.

Pero qué ha escrito, exactamente? Porque no es lo mismo decir "te voy a pegar tres tiros por la espalda", que "ojalá te peguen tres tiros por la espalda". No?

WarDog77

#5 Estractos:
https://translate.google.es/translate?sl=en&tl=es&js=y&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fedri.org%2Fec-adopts-guidelines-on-freedom-of-expression-online-and-offline%2F&edit-text=


Sorprendentemente, el documento es muy enfático en el tema de circunscribir las restricciones a la libertad de comunicación restringida posible. En particular, se hace hincapié en que cualquier legislación que restringe la libertad de opinión y de expresión

"Debe ser aplicada por un organismo que sea independiente de cualquier influencia indebida político, comercial o de otro tipo de una manera que no es ni arbitraria ni discriminatoria, y con las salvaguardias adecuadas contra los abusos, incluida la posibilidad de reto y recurso contra la aplicación abusiva." Este contradice el enfoque adoptado por todas las partes pertinentes de la Comisión Europea con respecto a la "voluntaria"

aplicación de la ley por las empresas privadas - especialmente en su financiación de iniciativas como el Proyecto Clean IT, la Coalición CEO, el "diálogo sobre la carga y la descarga ilegal", etc